Ciudadana inició acciones legales contra la Municipalidad ante la indiferencia a sus reclamos
Bruno Guggiari permanece entre baches y basura
Una de las tantas familias afectadas por el mal servicio que prestan las entidades como la Municipalidad de Lambaré y Essap ya inició acciones legales contra ambas instituciones ante la indiferencia para atender sus reclamos.
La irresponsabilidad de las autoridades en el arreglo o limpieza de calles, además de la reparación o colocación de cañerías, es un problema repetido para los vecinos que se ven afectados al tener que soportar inconvenientes que acarrea vivir frente a baches, basura y acumulación de agua.
Asi describe Martha Chamorro la situación por la que atraviesa desde hace cinco años en su vivienda ubicada sobre Bruno Guggiari y Corochire, en la ciudad de Lambaré, entre constantes roturas de pavimento, parcheo de cañerias por parte de la empresa ESSAP como un ciclo que nunca termina.
Mientras, ni la ESSAP ni la Municipalidad de Lambaré asumen su responsabilidad y hasta el momento no obtuvo una respuesta positiva a su reclamo varias veces planteado en varias instituciones.
LARGA DATA. "Es una historia vieja, es el punto más bajo de la avenida y hay zanjones en la zona y el arroyo queda taponado con la basura que se arrastra con cada lluvia", explicó la afectada.
"Cuando llueve se taponan los sumideros y se forman grandes laguras y la basura se arrastra hasta el punto de taponar los sumideros del lugar. El asfalto se va acompañado con el agua que a la vez debilita la capa asfaltica con el paso de los vehiculos pesados" manifestó.
Chamorro expresa que la ESSAP rompe todo el pavimento para llenar de parches las cañerias y que la municipalidad no se encarga de reparar el daño.
"Es un país donde las autoridades se tiran la pelota, te quejás acá y te envian a otro lugar y ahi a otro lugar y terminás sin solución a un problema, esto ya es una tierra de nadie".
SIN RESPUESTA. En el momento de realizar un reclamo o solicitar una entrevista con el responsable, se encuentran con un escena repetida. La funcionaria de turno les toma el dato y les da un número. "Somos números para ellos solo anotan y no pasa nada de ahi".
ACCIONES. Adelantó que junto a su familia - atendiendo a que no tienen respuesta de las autoridades - están iniciando acciones legales a ambas instituciones a través de telegramas colacionados para resarcirse de los graves daños ocasionados desde hace tanto tiempo.
La familia de Matha, además de los perjuicios por el estado de la avenida, tampoco pudo concretar la venta de su inmueble. Con la consiguiente desvalorización del inmueble y la imposibilidad de conseguir compradores la familia optó por guardar el cartel de venta a raiz de que nunca pudo realizar la operación de venta, explican en la nota que enviaron a la Dirección de Defensa del Consumidor, al intendente Roberto Cárdenas, al Ing. Manuel López Cano, titutal de ESSAP y a otras autoridades de ambas instituciones.
Fuente: Ultima Hora
noviembre 30, 2007
noviembre 27, 2007
Vecinos repudian a dirigente social, al intendente y fiscales
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Vecinos del barrio San Roque de esta ciudad se manifestaron ayer frente a la municipalidad y la fiscalía local en repudio del conocido dirigente de sintechos de la zona, Felipe Nery Páez, a quien acusan de estafar a la gente con la construcción de viviendas populares.
“Ya estamos cansados de este señor que se cree dueño de todo y agrede a la gente y cuenta con el apoyo policial, de la Comisaría 16 de Puerto Pabla, para cometer sus atropellos y además cuenta con la protección del intendente Roberto Cárdenas y de los agentes fiscales”, expresó la abogada Gloria Montanía.
Dijo además que el pasado sábado fue golpeada por Páez y su familia. Denunció además que la despojaron de una cámara fotográfica, debido a que le estaba sacando fotos al cuestionado dirigente cuando agredía a la catequista de la zona, Blanca de Rivarola.
Los manifestantes exigieron a las autoridades, tanto de la comuna como del Ministerio Público, dejar de proteger a Páez, quien estaría cometiendo todo tipo de atropello.
La fiscala Cristina Avalos salió con la idea de dialogar con los manifestantes, pero se generó una acalorada discusión, cuando los vecinos tildaron de corrupta a la agente, que también respondió con improperios.
Los lugareños reclaman a Páez rendición de cuentas y explicar a los cientos de vecinos el porqué no se realizan las muy anunciadas obras de construcción de viviendas populares.
Por su lado Páez también acusó y denunció ante la fiscalía a los ex integrantes de su comisión por robo y negó todas las acusaciones en su contra. Los afectados indicaron que Páez cuenta con frondosos antecedentes penales, por violación de menores y otros delitos.
ANTECEDENTES
Luis Alberto Alderete, ex tesorero del grupo, acusó a Páez de intentar atropellarlo con su camioneta y agredirlo al igual que a la esposa de Genara Ojeda, el pasado miércoles.
Existen otras denuncias de los vecinos contra Páez.
noviembre 26, 2007
Por inoperante imputarían al intendente de Lambaré
La fiscala de esta ciudad, Gladys González, recorrió ayer las principales avenidas de la zona para verificar los innumerables baches que “adornan” esta localidad. Afirmó que reunirá todos los datos e inmediatamente tomará medidas (imputación) contra la administración de Roberto Cárdenas (ANR).
En un principio la representante del Ministerio Público ordenó a su asistente anotar la cantidad de baches observadas, pero ya en la segunda calle verificada, Hernán Cortés, ya solo se limitaron a tomar fotografías, debido a la gran cantidad de pozos.
“Realmente las calles están en lamentable estado y hemos observado más de 300 baches. Varios de grandes proporciones que deben ser reparados en la brevedad posible, antes de que ocurra un lamentable accidente en el lugar”, expresó González.
La representante del ministerio público comentó que pedirá un informe detallado, a la comisaría local de las estadísticas de accidentes ocurridos en la zona, especialmente a consecuencia de los baches.
Igualmente, solicitará un informe a la comuna local de los proyectos de reparación que tienen previsto para los próximos meses. Asimismo, la fiscala espera que la ciudadanía denuncie ante el ministerio público estos tipos de irregularidades.
Por su lado, Alfredo Ayala, asesor jurídico de la comuna, comentó que los trabajos son lentos debido a que los bacheos se realizan con recursos propios. Apuntó que la próxima semana se utilizarán maquinarias del Ministerio de Obras Públicas para intensificar las tareas, gracias a un convenio firmado entre ambas instituciones.
Igualmente, responsabilizó a la Essap de contribuir a la destrucción de las arterias, debido a que la referida entidad estatal cuenta con pérdidas en varios puntos. Además, la comuna tiene un convenio firmado con Essap, en donde esta última se compromete a reparar los daños, pero no cumple.
Comuna lambareña infla presupuesto en periodo electoral
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La comuna lambareña aumentó su presupuesto para el próximo año de 20 mil millones de guaraníes a G. 25.000 millones. El aumento no es precisamente para priorizar los trabajos de mejoramiento de las calles que se encuentran en deplorable estado, sino para prebendas en un año eminentemente electoral.
Llamativamente el aumento en este rubro se hace en un año que será meramente electoral.
Mientras debe esperar la reparación de las principales avenidas y de los barrios y las plazas. “Es lamentable la actitud de los concejales colorados que aprobaron este presupuesto, que es un atropello a la ciudadanía lambareña y nosotros los opositores repudiamos esta determinación“, expresó María Gloria Valenzuela, edil de Patria Querida.
Igualmente, comentó que con el inflado presupuesto se prevé un importante sobresueldo a los directores de los diferentes departamentos, en un cincuenta por ciento sobre sus salarios.
“Los rubros inflados no podrán ser controlados, por- que no especifica las metas, objetivos o indicadores de gestión, que justifiquen dicho sobresueldo y el personal contratado el intendente nunca informó la cantidad real que maneja”, enfatizó Valenzuela.
Los concejales Valenzuela y Víctor Rivarola (PLRA) presentaron un dictamen en minoría de un presupuesto reducido de tan solo G. 19 mil millones, de los más de 22 mil millones de este año, pero fue rechazado por el bloque oficialista y fue aceptado el pedido de los legisladores colorados, Víctor Silvera y Adolfo Lezcano.
Con este nuevo presupuesto los ediles tendrán nuevamente un importante incremento en sus dietas y gastos de representación, de los más de 12 millones que perciben actualmente.
noviembre 20, 2007
La fiscalía intimará a intendente de Lambaré para que repare las calles
Las calles de Lambaré se tornan cada vez peores y representan un verdadero peligro. La fiscala Gladys González afirmó que verificará el estado actual de las avenidas e intimará al intendente, Roberto Cárdenas, a repararlas urgentemente.
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Las diferentes arterias de este distrito se encuentran minadas de cráteres que obligan a los conductores a realizar maniobras y frenadas bruscas o simplemente optan en circular en sentido contrario.
“Las calles se encuentran intransitables y la municipalidad no hace nada. Las autoridades solo se preocupan en hacer campañas proselitistas y no se ocupan de los problemas de la ciudad”, expresó Aída de Oteiza, vecina del barrio Valle Ybaté.
Agregó que en varias ocasiones manifestó su queja a la comuna, vía telefónica y la respuesta que recibe es que tiene que realizar sus reclamos personalmente o por escrito para que pueda ser recibida por las autoridades, enfatizó.
Igualmente comentó que muchas de las vías son utilizadas como vertederos de basura por las propias cuadrillas de la municipalidad que acumulan los desechos a la vera del camino y ya nunca más retiran.
La fiscala Gladys González comentó que verificará el estado actual de las avenidas principales, como Cacique, Luis María Argaña, Bruno Buggiari, Las Palmas, Hernán Cortes, Médicos del Chaco, que son las transitadas.
“Vamos a intimar al jefe comunal para que busque los recursos necesarios para reparar las calles, antes de que ocurra algún accidente fatal, por culpa de los baches. Pero primero vamos a verificar las condiciones de las arterias para luego tomar las determinaciones adecuadas”, expresó González.
Recordemos, que el ex intendente de esta ciudad, Juan Martínez (ANR), fue imputado por los fiscales por la intervención peligrosa en el tránsito terrestre y fue obligado a reparar una parte de Cacique Lambaré.
Martínez no fue acusado por el Ministerio Público debido a que siempre expuso que la comuna no contaba con los recursos necesarios para los referidos trabajos. Pero terminó su administración acusado de malversar más de 2 mil millones de guaraníes.
Fuente: ABC Colornoviembre 08, 2007
Alumnos investigan el cerro Lambaré Alumnos y docentes de la escuela Andrés Delmás de Lambaré, dentro del marco del círculo de aprendizaje “Análisis del proyecto educativo”, están desarrollando un trabajo de investigación sobre el origen y composición del cerro que lleva el nombre de la ciudad. Además, estudian lo relacionado con la biodiversidad.
El equipo de docentes y alumnos invitaron a los concejales municipales lambareños María Gloria Valenzuela, Marlene Cabrera, Aurelio Ramón Lombardo para una conferencia sobre los fundamentos jurídicos, históricos, culturales, económicos y políticos del reclamo de la ciudadanía lambareña para la recuperación de los límites originales.
El resultado de los trabajos será presentado en un evento abierto al público, a llevarse a cabo el 27 de noviembre próximo en el local de la institución educativa, ubicada en el barrio San Isidro.
Postergación de Proyecto modificación de Limites
Se postergó el tratamiento del proyecto que fija los límites entre Asunción y Lambaré, que generó críticas y roces entre las autoridades comunales de estas ciudades. La propuesta debía ser estudiada en la plenaria de hoy. El proyectista, el diputado colorado por Central Atilio Penayo dijo que era necesario suspender el estudio considerando la ausencia de opositores que dejaron la sala.
Fuente: ABC Color
Proyectos aplazados
Varios fueron los proyectos, tanto de Ley como de Resolución, que fueron aplazados por el pleno, de modo a analizarlos posteriormente con mayor profundidad, según argumentaron los parlamentarios.
Los documentos postergados fueron: Proyecto de Ley, "Que establece los límites definitivos al Municipio de Lambaré del XI Departamento Central", presentado por varios diputados.
Fuente: Camara de Diputados
Se postergó el tratamiento del proyecto que fija los límites entre Asunción y Lambaré, que generó críticas y roces entre las autoridades comunales de estas ciudades. La propuesta debía ser estudiada en la plenaria de hoy. El proyectista, el diputado colorado por Central Atilio Penayo dijo que era necesario suspender el estudio considerando la ausencia de opositores que dejaron la sala.
Fuente: ABC Color
Proyectos aplazados
Varios fueron los proyectos, tanto de Ley como de Resolución, que fueron aplazados por el pleno, de modo a analizarlos posteriormente con mayor profundidad, según argumentaron los parlamentarios.
Los documentos postergados fueron: Proyecto de Ley, "Que establece los límites definitivos al Municipio de Lambaré del XI Departamento Central", presentado por varios diputados.
Fuente: Camara de Diputados
noviembre 07, 2007
Piden que audiencia sea pública
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El presidente del tribunal ético contra la impunidad, Antonio Palazón, solicito ayer al juez penal de garantías, de esta ciudad, Hugo Camé, que la audiencia preliminar para el ex intendente Juan Martínez sea pública.
El juez penal de garantías, Hugo Camé, escucha las peticiones de Antonio Palazón, presidente del tribunal ético.
Palazón manifestó al magistrado la necesidad de transparentar la gestión de los jueces y que la audiencia preliminar de Martínez, acusado de malversar más de G. 1.000 millones en la comuna, tenga la participación ciudadana.Camé por su lado indicó que informará de la petición a la Corte Suprema y que posteriormente informará de la decisión a los afectados.
“Esto es solo una audiencia preliminar, no es aún un juicio oral y público, pero de igual manera solicitaré la autorización de la Corte sobre el pedido. Realmente es un caso atípico, no esperaba una petición así”, expresó.
Palazón apuntó además la necesidad de imprimir mayor celeridad al caso del ex titular de la comuna lambareña (2001-2006) para que no termine en el tradicional oparei como muchos otros casos que involucran a políticos.
“La ciudadanía hoy día desconfía de la justicia. Solo con la audiencia pública se podrá evidenciar de que no existe nada detrás y trasparentar el proceso”, explicó Palazón.El juez expresó además que no se dejará influenciar, por nadie, pese a que la mayoría de los casos de corrupción que involucran a ex intendentes están marcados por cuestiones políticas.
El caso de Martínez y otros ex funcionarios de la comuna se encuentra en la sala de apelación de la Corte debido a que la fiscalía anticorrupción apeló una medida del juez. La audiencia preliminar está marcada para el próximo 20 de diciembre.
Fuente: ABC Color
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). El presidente del tribunal ético contra la impunidad, Antonio Palazón, solicito ayer al juez penal de garantías, de esta ciudad, Hugo Camé, que la audiencia preliminar para el ex intendente Juan Martínez sea pública.
El juez penal de garantías, Hugo Camé, escucha las peticiones de Antonio Palazón, presidente del tribunal ético.
Palazón manifestó al magistrado la necesidad de transparentar la gestión de los jueces y que la audiencia preliminar de Martínez, acusado de malversar más de G. 1.000 millones en la comuna, tenga la participación ciudadana.Camé por su lado indicó que informará de la petición a la Corte Suprema y que posteriormente informará de la decisión a los afectados.
“Esto es solo una audiencia preliminar, no es aún un juicio oral y público, pero de igual manera solicitaré la autorización de la Corte sobre el pedido. Realmente es un caso atípico, no esperaba una petición así”, expresó.
Palazón apuntó además la necesidad de imprimir mayor celeridad al caso del ex titular de la comuna lambareña (2001-2006) para que no termine en el tradicional oparei como muchos otros casos que involucran a políticos.
“La ciudadanía hoy día desconfía de la justicia. Solo con la audiencia pública se podrá evidenciar de que no existe nada detrás y trasparentar el proceso”, explicó Palazón.El juez expresó además que no se dejará influenciar, por nadie, pese a que la mayoría de los casos de corrupción que involucran a ex intendentes están marcados por cuestiones políticas.
El caso de Martínez y otros ex funcionarios de la comuna se encuentra en la sala de apelación de la Corte debido a que la fiscalía anticorrupción apeló una medida del juez. La audiencia preliminar está marcada para el próximo 20 de diciembre.
Fuente: ABC Color
noviembre 06, 2007
Vecinos de Lambaré exigen apertura de calle
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Vecinos del barrio Santa Lucia de esta ciudad, exigen la construcción de empedrado y la apertura de la calle María Auxiliadora que se encuentra en lamentable estado, hace varios años.
Los lugareños comentaron que ya solicitaron en varias ocasiones la reparación de la calle a la Municipalidad local y siempre reciben promesas de las autoridades, pero que nunca se concretan. “Nuestra calle debe ser reparada y desmontada para que tenga salida a la avenida Hernán Cortes. Hemos solicitado en varias ocasiones a la Municipalidad la habilitación de la vía, pero nuestros pedidos son ignorados siempre”, comentó Dionisia de Estigarribia.
Dijo, además, que en varias ocasiones fueron conformadas comisiones de vecinos, pero debido al escaso apoyo de las autoridades se des integran sin que se logre el objetivo de abrir la calle. Igualmente, en el lugar se encuentra una plaza, que debido a la poca iluminación del lugar se convierte en refugio de delincuentes y drogadictos.
Fuente: ABC Color
LAMBARE (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Vecinos del barrio Santa Lucia de esta ciudad, exigen la construcción de empedrado y la apertura de la calle María Auxiliadora que se encuentra en lamentable estado, hace varios años.
Los lugareños comentaron que ya solicitaron en varias ocasiones la reparación de la calle a la Municipalidad local y siempre reciben promesas de las autoridades, pero que nunca se concretan. “Nuestra calle debe ser reparada y desmontada para que tenga salida a la avenida Hernán Cortes. Hemos solicitado en varias ocasiones a la Municipalidad la habilitación de la vía, pero nuestros pedidos son ignorados siempre”, comentó Dionisia de Estigarribia.
Dijo, además, que en varias ocasiones fueron conformadas comisiones de vecinos, pero debido al escaso apoyo de las autoridades se des integran sin que se logre el objetivo de abrir la calle. Igualmente, en el lugar se encuentra una plaza, que debido a la poca iluminación del lugar se convierte en refugio de delincuentes y drogadictos.
Fuente: ABC Color
noviembre 02, 2007
FALLO OBLIGA A MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ A EXPEDIR DOCUMENTOS
La acción fue promovida por las abogadas Clara A. Rolón de Beraud y María Magdalena Barrios de Jacques, en representación de la Defensoría del Pueblo, a favor de Félix César Picco Portillo.
El juez Dionisio Nicolás Frutos falló a favor de la pretensión el pasado 27 de septiembre. El magistrado dejó un interesante precedente porque impone el plazo máximo de diez días, para proveer al accionante lo pretendido que son “documentos de orden público”.
Frutos en su resolución, expresa que el “que el derecho de acceder a la información que obra en poder del Estado, es un derecho humano de raigambre constitucional que, además, integra el halo de Derechos Humanos que el Paraguay se ha comprometido a respetar ante la comunidad americana y que a tener de lo que dispone el Art. 45 de la Constitución Nacional, no puede ser negado ni menoscabado”
Inicio del Caso.
El 26 de julio de 2007, el señor Picco Portillo, utilizando el formulario pre-impreso que al efecto provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, solicitó al intendente municipal de la ciudad de Lambaré, Roberto Cárdenas, “copia del prosupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado discriminado por área y cargo que desempeñan”.
“A pesar de no estar obligado por ninguna Ley de la República a dar las razones que motivaron su solicitud, el señor Picco Portillo expuso que en su calidad de ciudadano y contribuyente de la ciudad de Lambaré, quería conocer el estado y manejo administrativo de dichas áreas”, dice la sentencia.
El recurrente fundó su solicitud en el Art. 28 de la Constitución Nacional que establece: “las fuentes públicas de información son libres para todos” así como en los tratados internacionales que el Paraguaya ha ratificado y, dado que nuestro país no cuenta con una Ley de Acceso a la información pública, en el Art. 45 se establece que, “la falta de Ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.
Picco Portillo finalizó su presentación solicitando al intendente que le informara el plazo en la misma tendrá respuesta, o bien que lo hiciera al décimo día hábil a contar desde la presentación, por considerar que ese era un plazo razonable.
Silencio de la comuna.
Transcurrió más de veinte días hábiles desde que el señor Félix César Picco Portillo formulará su petición ante la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, sin haber obtenido respuesta.
Llegando en instancia judicial, el Juez Dionisio Frutos, el 30 de agosto pasado, libró oficio a la accionada para que eleve un informe circunstanciado sobre los antecedentes del hecho denunciado, en el perentorio plazo de tres días, pero sólo que se presentó con poder general de la Municipalidad de Lambaré, el abogado Alfredo Ayala Alarcón, sin dar siquiera respuesta al pedido. A raíz de esto, el 26 de septiembre, el magistrado llamó a autos para sentencia.
Roberto Cárdenas, Intendente.
Análisis de la denegación.
En su análisis, Frutos consideró que el presupuesto de que es “violatorio de un derecho o garantía de rango constitucional o legal” está claramente probado, atendiendo al artículo 40 de la Carta Magna (ver infografía)
De ello se colige que el Estado paraguayo, como estado social de derecho, tiene establecido el mecanismo para que todo ciudadano reciba respuesta a sus reclamos de parte de las autoridades, siendo lo contrario el Estado autoritario. “Las personas que tienen formulada la petición si no reciben una respuesta positiva o negativa, no pueden acceder a la información que obra en poder de la instituciones públicas”.
Agrega que el derecho de las personas “a recibir información veraz, responsable y ecuánime” se encuentra establecido en el Art. 28 de nuestra Constitución.
“La Municipalidad no ha emitido el informe requerido, tampoco existe respuesta por la que se justifique la legitimidad de su omisión en el sentido de no expedirse ante el pedido planteado”, expresa el magistrado.
En un plazo “prudencial”
Nuestro país no cuenta con una legislación que prevea el plazo máximo para expedirse en un caso de acceso a la información pública.
En ese sentido, el juez Dionisio Nicolás Frutos consideró prudencialmente los diez días para que la Municipalidad de Lambaré proporcione los documentos requerido por Félix César Picco Portillo, como establece la ley.
“Es una información pública que obra en la comuna, no es confidencia y solo llevaría el tiempo que toma hacer fotocopias de los documentos”, expresó.
En su fallo, el juez no solo cuestiona la omisión de pronunciamiento del municipio. “Si la institución fuera respetuosa de los derechos de los ciudadanos, hubiera dado la respuesta al pedido presentados.
Agrega sobre el punto que en casos similares, los tribunales del país tiene establecido que: “El amparo de pronto despacho tiene por objeto provocar el pronunciamiento de un órgano administrativo que omite expedirse respecto de una petición incoada por un particular cuando la norma jurídica no ha fijado plazo expreso, en virtud del cual pueda aplicarse el principio de denegación táctica previsto en el Art. 40 de la Constitución Nacional”.
Derechos humanos.
Para arribar a esta sentencia también se tuvo en cuenta la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece claramente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística (ver infografía).
Lo que dice la Ley
Artículo 28 Constitución Nacional: “Las fuentes públicas de información son libres para todos”
Artículo 40 CN.: “Toda persona individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.
Art. 45 C.N.: “La falta de Ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.
Antecedente similar en la UNA.
Como precedente, el juez Andrés Casati fallo a favor de una joven que hace unos mese se postulo a una beca en la Universidad Nacional de asunción y solicitó al Rectorado el Reglamento General de Becas.
Elizabeth Flores Negri solicitó a través del Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo la copia del Reglamente General de Becas aprobado por resolución Nº 71-00 2005/Acta Nº 5 de fecha 09/03/2005.
La postulante canalizó su primera solicitud el 28 de agosto de 2007 cuando el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Miguel González, llego hasta el Rectorado de la UNA y no pudo entregar la nota debido a la negativa del funcionario encargado, porque dijo que el formato no era el correcto para dirigirse al rector de la UNA, motivo por el cual no podía darle el “recibido”.
Luego, el 13 de junio de 2007, el secretario de la Delegación del 9º turno de la Defensoría del Pueblo, Juan Villalba, se constituyó en el Rectorado a fin de intentar dar entrada a la nota. Pero de nuevo su pedido fue infructuoso debido a que la Lic. María Victoria Torres, jefa de mesa de entrada, no solo se negó a recibir la citada nota, sino que puso en duda la autenticidad de la misma por carecer de la firma de un funcionario responsable de la Defensoría Pública.
Sin embargo – según la denuncia de Flores Negri- la nota no solo posee la firma de un “responsable” sino que la aclaración y número de cédula de identidad.
La denunciante acudió a la justicia, indignada por el trato recibido. El magistrado Casati dio curso y ordenó que la recurrente vuelva a hacer el escrito de inicio y solo después de esto el Rectorado remitió el Reglamente General de Becas.
Casati dio por “devenido abstracto” el reclamo de la amparista, puesto que la demandada (Rectorado) se allanó a la pretensión entregando la información solicitada.
El juez consideró que no solo se probaron las manifestaciones hechas por Flores Negri, sino que calificó de “injustificable” que los funcionarios de la Universidad Nacional reasunción se hayan negado a recibir la nota firmada y que de esta forma impidió el derecho a peticionar a las autoridades.
Derecho Humanos
La Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad rebuscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento a su elección; el ejercicio del derecho previsto no puede estar sujeto a previa censura.
La Comuna nunca se expidió.
Pese a que el juez Dionisio Nicolás Frutos dispuso en su resolución que la Municipalidad de Lambaré emita los documentos en el plazo de 10 días el pasado 27 de septiembre, la comuna aún no proporcionó nada al amparista Félix César Picco.
En comunicación con las abogadas Clara Rolón de Beraud y María Magdalena Barrios de Jacques, de la Defensoría despueblo, estas explicaron que se encuentran en plena confección de un “amparo constitucional” en contra del municipio y su no expedición, pese a que un magistrado había ordenado.
La Municipalidad de Lambaré se vio salpicada por grandes irregularidades en los últimos tiempos. El ex intendente Juan Ramón Martínez inclusive fue acusado el pasado 22 de septiembre por el fiscal anticorrupción Arnaldo Guizzio, junto a otros cinco funcionarios, entre los que se encuentra su hermano, por tres delitos como responsables de un perjuicio de Gs. 2.600 millones a la municipalidad.
De los Gs. 2.600 millones, un total de Gs. 750 millones corresponden a una caja paralela que había en la municipalidad. Otros Gs 970 millones corresponden a desvíos que se registraron en el Departamento Fitosanitario de Salubridad, y otros Gs. 880 millones corresponden a sobrefacturaciones en obras viales, puentes y muros de protección.
Fuente: ABC Color
La acción fue promovida por las abogadas Clara A. Rolón de Beraud y María Magdalena Barrios de Jacques, en representación de la Defensoría del Pueblo, a favor de Félix César Picco Portillo.
El juez Dionisio Nicolás Frutos falló a favor de la pretensión el pasado 27 de septiembre. El magistrado dejó un interesante precedente porque impone el plazo máximo de diez días, para proveer al accionante lo pretendido que son “documentos de orden público”.
Frutos en su resolución, expresa que el “que el derecho de acceder a la información que obra en poder del Estado, es un derecho humano de raigambre constitucional que, además, integra el halo de Derechos Humanos que el Paraguay se ha comprometido a respetar ante la comunidad americana y que a tener de lo que dispone el Art. 45 de la Constitución Nacional, no puede ser negado ni menoscabado”
Inicio del Caso.
El 26 de julio de 2007, el señor Picco Portillo, utilizando el formulario pre-impreso que al efecto provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, solicitó al intendente municipal de la ciudad de Lambaré, Roberto Cárdenas, “copia del prosupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado discriminado por área y cargo que desempeñan”.
“A pesar de no estar obligado por ninguna Ley de la República a dar las razones que motivaron su solicitud, el señor Picco Portillo expuso que en su calidad de ciudadano y contribuyente de la ciudad de Lambaré, quería conocer el estado y manejo administrativo de dichas áreas”, dice la sentencia.
El recurrente fundó su solicitud en el Art. 28 de la Constitución Nacional que establece: “las fuentes públicas de información son libres para todos” así como en los tratados internacionales que el Paraguaya ha ratificado y, dado que nuestro país no cuenta con una Ley de Acceso a la información pública, en el Art. 45 se establece que, “la falta de Ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.
Picco Portillo finalizó su presentación solicitando al intendente que le informara el plazo en la misma tendrá respuesta, o bien que lo hiciera al décimo día hábil a contar desde la presentación, por considerar que ese era un plazo razonable.
Silencio de la comuna.
Transcurrió más de veinte días hábiles desde que el señor Félix César Picco Portillo formulará su petición ante la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, sin haber obtenido respuesta.
Llegando en instancia judicial, el Juez Dionisio Frutos, el 30 de agosto pasado, libró oficio a la accionada para que eleve un informe circunstanciado sobre los antecedentes del hecho denunciado, en el perentorio plazo de tres días, pero sólo que se presentó con poder general de la Municipalidad de Lambaré, el abogado Alfredo Ayala Alarcón, sin dar siquiera respuesta al pedido. A raíz de esto, el 26 de septiembre, el magistrado llamó a autos para sentencia.
Roberto Cárdenas, Intendente.
Análisis de la denegación.
En su análisis, Frutos consideró que el presupuesto de que es “violatorio de un derecho o garantía de rango constitucional o legal” está claramente probado, atendiendo al artículo 40 de la Carta Magna (ver infografía)
De ello se colige que el Estado paraguayo, como estado social de derecho, tiene establecido el mecanismo para que todo ciudadano reciba respuesta a sus reclamos de parte de las autoridades, siendo lo contrario el Estado autoritario. “Las personas que tienen formulada la petición si no reciben una respuesta positiva o negativa, no pueden acceder a la información que obra en poder de la instituciones públicas”.
Agrega que el derecho de las personas “a recibir información veraz, responsable y ecuánime” se encuentra establecido en el Art. 28 de nuestra Constitución.
“La Municipalidad no ha emitido el informe requerido, tampoco existe respuesta por la que se justifique la legitimidad de su omisión en el sentido de no expedirse ante el pedido planteado”, expresa el magistrado.
En un plazo “prudencial”
Nuestro país no cuenta con una legislación que prevea el plazo máximo para expedirse en un caso de acceso a la información pública.
En ese sentido, el juez Dionisio Nicolás Frutos consideró prudencialmente los diez días para que la Municipalidad de Lambaré proporcione los documentos requerido por Félix César Picco Portillo, como establece la ley.
“Es una información pública que obra en la comuna, no es confidencia y solo llevaría el tiempo que toma hacer fotocopias de los documentos”, expresó.
En su fallo, el juez no solo cuestiona la omisión de pronunciamiento del municipio. “Si la institución fuera respetuosa de los derechos de los ciudadanos, hubiera dado la respuesta al pedido presentados.
Agrega sobre el punto que en casos similares, los tribunales del país tiene establecido que: “El amparo de pronto despacho tiene por objeto provocar el pronunciamiento de un órgano administrativo que omite expedirse respecto de una petición incoada por un particular cuando la norma jurídica no ha fijado plazo expreso, en virtud del cual pueda aplicarse el principio de denegación táctica previsto en el Art. 40 de la Constitución Nacional”.
Derechos humanos.
Para arribar a esta sentencia también se tuvo en cuenta la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece claramente la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística (ver infografía).
Lo que dice la Ley
Artículo 28 Constitución Nacional: “Las fuentes públicas de información son libres para todos”
Artículo 40 CN.: “Toda persona individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.
Art. 45 C.N.: “La falta de Ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.
Antecedente similar en la UNA.
Como precedente, el juez Andrés Casati fallo a favor de una joven que hace unos mese se postulo a una beca en la Universidad Nacional de asunción y solicitó al Rectorado el Reglamento General de Becas.
Elizabeth Flores Negri solicitó a través del Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo la copia del Reglamente General de Becas aprobado por resolución Nº 71-00 2005/Acta Nº 5 de fecha 09/03/2005.
La postulante canalizó su primera solicitud el 28 de agosto de 2007 cuando el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Miguel González, llego hasta el Rectorado de la UNA y no pudo entregar la nota debido a la negativa del funcionario encargado, porque dijo que el formato no era el correcto para dirigirse al rector de la UNA, motivo por el cual no podía darle el “recibido”.
Luego, el 13 de junio de 2007, el secretario de la Delegación del 9º turno de la Defensoría del Pueblo, Juan Villalba, se constituyó en el Rectorado a fin de intentar dar entrada a la nota. Pero de nuevo su pedido fue infructuoso debido a que la Lic. María Victoria Torres, jefa de mesa de entrada, no solo se negó a recibir la citada nota, sino que puso en duda la autenticidad de la misma por carecer de la firma de un funcionario responsable de la Defensoría Pública.
Sin embargo – según la denuncia de Flores Negri- la nota no solo posee la firma de un “responsable” sino que la aclaración y número de cédula de identidad.
La denunciante acudió a la justicia, indignada por el trato recibido. El magistrado Casati dio curso y ordenó que la recurrente vuelva a hacer el escrito de inicio y solo después de esto el Rectorado remitió el Reglamente General de Becas.
Casati dio por “devenido abstracto” el reclamo de la amparista, puesto que la demandada (Rectorado) se allanó a la pretensión entregando la información solicitada.
El juez consideró que no solo se probaron las manifestaciones hechas por Flores Negri, sino que calificó de “injustificable” que los funcionarios de la Universidad Nacional reasunción se hayan negado a recibir la nota firmada y que de esta forma impidió el derecho a peticionar a las autoridades.
Derecho Humanos
La Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad rebuscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento a su elección; el ejercicio del derecho previsto no puede estar sujeto a previa censura.
La Comuna nunca se expidió.
Pese a que el juez Dionisio Nicolás Frutos dispuso en su resolución que la Municipalidad de Lambaré emita los documentos en el plazo de 10 días el pasado 27 de septiembre, la comuna aún no proporcionó nada al amparista Félix César Picco.
En comunicación con las abogadas Clara Rolón de Beraud y María Magdalena Barrios de Jacques, de la Defensoría despueblo, estas explicaron que se encuentran en plena confección de un “amparo constitucional” en contra del municipio y su no expedición, pese a que un magistrado había ordenado.
La Municipalidad de Lambaré se vio salpicada por grandes irregularidades en los últimos tiempos. El ex intendente Juan Ramón Martínez inclusive fue acusado el pasado 22 de septiembre por el fiscal anticorrupción Arnaldo Guizzio, junto a otros cinco funcionarios, entre los que se encuentra su hermano, por tres delitos como responsables de un perjuicio de Gs. 2.600 millones a la municipalidad.
De los Gs. 2.600 millones, un total de Gs. 750 millones corresponden a una caja paralela que había en la municipalidad. Otros Gs 970 millones corresponden a desvíos que se registraron en el Departamento Fitosanitario de Salubridad, y otros Gs. 880 millones corresponden a sobrefacturaciones en obras viales, puentes y muros de protección.
Fuente: ABC Color
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