Los casos de denuncia al ex intendente de Lambaré, Juan R. Martínez y sus funcionarios municipales, además de las denuncias de malversación de fondos en la municipalidad del distrito de Irala Fernández, Chaco, son analizados por la Veeduría Social del Ministerio Público. Ésta cuenta con una dependencia que recepciona las preocupaciones de la ciudadanía sobre causas fiscales.
La Veeduría Social del Ministerio Público ha sido creada con el fin de proteger el interés público, mediante la participación ciudadana monitoreando el desempeño del Ministerio Público en áreas específicas. Los representantes proporcionan orientación a los ciudadanos, y se unen a sus esfuerzos dirigiendo notas a los fiscales y haciendo pública la situación de estos casos. Recientemente se ha acercado dos asociaciones ciudadanas preocupadas por casos que afectan a la comunidad en donde viven.
El primer caso fue denunciado por los ciudadanos de “LAMBARE ACTIVA”. El ex intendente Juan R. Martínez y a otros funcionarios de la Municipalidad cometieron irregularidades que perjudicaron a la Municipalidad en aproximadamente Gs. 40 mil millones. El caso fue investigado por el Fiscal Arnaldo Giuzzio. Los denunciados fueron acusados y se solicitó que la causa se eleve a Juicio Oral y Público. Pero un incidente de prejudicialidad lo tiene parado desde julio del 2008, en que se halla en manos de la Corte Suprema de Justicia. La organización ciudadana LAMBARE ACTIVA, organizó distintas actividades: dos audiencias públicas con fiscales y representantes de la Contraloría, manifestaciones frente al despacho del magistrado Camé, denuncia al mismo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y la presentación de una Carta al Presidente de la Corte con más de 600 firmas, solicitando que la decisión de la Sala Penal se resuelva en Audiencia Oral y Pública. Dicho pedido fue presentado el 9 de setiembre del 2008. Hasta hoy los reclamos ciudadanos no han sido oídos por la Corte Suprema, y esta sigue sin resolver el incidente, paralizando la causa.
El segundo caso fue puesto a nuestra atención por miembros de la contraloría ciudadana del Distrito de Irala Fernandez. En este caso se investiga la malversación de fondos en la Municipalidad en cuestión, con un posible faltante de Gs. 2.000 millones. El caso es investigado por la Fiscal Cristina Chamorro, quien ha imputado al Intendente Luis Enrique Pérez por la comisión de delitos económicos. Los vecinos se hallan preocupados porque a pesar de la imputación, hasta la fecha el Sr. Pérez sigue ejerciendo como Intendente de la Municipalidad, con el peligro de que oculte pruebas y siga cometiendo hechos punibles.
Si tiene interés en que se realice el seguimiento de alguna causa puede acercarse a la oficina ubicada en la calle Nicanor Torales 150 c/ Mcal. López.
Telef: (595 21) 614919/20
Correo electrónico: lauraledesma@idea.org.py
La Veeduría Social del Ministerio Público ha sido creada con el fin de proteger el interés público, mediante la participación ciudadana monitoreando el desempeño del Ministerio Público en áreas específicas. Los representantes proporcionan orientación a los ciudadanos, y se unen a sus esfuerzos dirigiendo notas a los fiscales y haciendo pública la situación de estos casos. Recientemente se ha acercado dos asociaciones ciudadanas preocupadas por casos que afectan a la comunidad en donde viven.
El primer caso fue denunciado por los ciudadanos de “LAMBARE ACTIVA”. El ex intendente Juan R. Martínez y a otros funcionarios de la Municipalidad cometieron irregularidades que perjudicaron a la Municipalidad en aproximadamente Gs. 40 mil millones. El caso fue investigado por el Fiscal Arnaldo Giuzzio. Los denunciados fueron acusados y se solicitó que la causa se eleve a Juicio Oral y Público. Pero un incidente de prejudicialidad lo tiene parado desde julio del 2008, en que se halla en manos de la Corte Suprema de Justicia. La organización ciudadana LAMBARE ACTIVA, organizó distintas actividades: dos audiencias públicas con fiscales y representantes de la Contraloría, manifestaciones frente al despacho del magistrado Camé, denuncia al mismo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y la presentación de una Carta al Presidente de la Corte con más de 600 firmas, solicitando que la decisión de la Sala Penal se resuelva en Audiencia Oral y Pública. Dicho pedido fue presentado el 9 de setiembre del 2008. Hasta hoy los reclamos ciudadanos no han sido oídos por la Corte Suprema, y esta sigue sin resolver el incidente, paralizando la causa.
El segundo caso fue puesto a nuestra atención por miembros de la contraloría ciudadana del Distrito de Irala Fernandez. En este caso se investiga la malversación de fondos en la Municipalidad en cuestión, con un posible faltante de Gs. 2.000 millones. El caso es investigado por la Fiscal Cristina Chamorro, quien ha imputado al Intendente Luis Enrique Pérez por la comisión de delitos económicos. Los vecinos se hallan preocupados porque a pesar de la imputación, hasta la fecha el Sr. Pérez sigue ejerciendo como Intendente de la Municipalidad, con el peligro de que oculte pruebas y siga cometiendo hechos punibles.
Si tiene interés en que se realice el seguimiento de alguna causa puede acercarse a la oficina ubicada en la calle Nicanor Torales 150 c/ Mcal. López.
Telef: (595 21) 614919/20
Correo electrónico: lauraledesma@idea.org.py
Fuente: SC Noticias
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