febrero 20, 2008

Caso Acceso a la Información - Lambaré
Defensoría cuestiona la labor de la jueza Ortiz en el caso presentado por Felix Picco y otros ciudadanos de Lambaré

Un juicio vinculado al derecho constitucional de acceso a la información, que involucra a un ciudadano y la Municipalidad de Lambaré, será definido por primera vez en una apelación impulsada por el defensor del pueblo Manuel María Páez Monges.

La protagonista central de este proceso en particular es la jueza en lo Civil y Comercial Nilse Ortiz Aquino de Silva, quien actualmente está siendo investigada por supuesto plagio de textos de otros autores para elaborar su libro sobre la ética judicial y su tesis doctoral.

La magistrada dictó un fallo favorable a la Municipalidad de Lambaré, a fin de no proporcionar a un ciudadano la información pública que le fue requerida.

Según los informes del proceso, la disputa se inició el 26 de julio de 2007, cuando el ciudadano Félix César Picco Portillo hizo un pedido de informe a dicho Municipio, a través de un formulario que proporcionó el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo.

Picco Portillo solicitó la copia del presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan.

En la primera oportunidad la Municipalidad no respondió, razón por la cual el 29 de agosto la Defensoría del Pueblo con el apoyo técnico-jurídico de la organización IDEA, presentó un amparo de pronto despacho, que tuvo por finalidad provocar una respuesta de la Municipalidad sin importar su contenido.

Siguiendo los antecedentes del proceso, el juez Dionisio Frutos dictó sentencia obligando a la Municipalidad de Lambaré a expedirse.

NEGATIVA. La Comuna lambareña, luego de que la sentencia haya quedado firme, respondió a Picco Portillo con la negativa de entregar la información que este solicitó con el argumento de que el artículo 28 de la Constitución Nacional referente al acceso a la información pública aún no fue reglamentado por una ley.

La Defensoría del Pueblo de nuevo presenta un amparo a fin de obligar a la Municipalidad a entregar la información solicitada. El caso cae por sorteo en poder de la jueza Ortiz Aquino, quien dictó sentencia el 31 de diciembre rechazando el amparo.

La magistrada sostiene en su fallo que los accionantes no han agotado los trámites administrativos pertinentes.

Ante esta situación, Páez Monges, bajo el patrocinio de los abogados Sheila Abed y Ezequiel Santagada, presentó el pasado martes la apelación de dicha sentencia.

Santagada refirió que es la primera vez que un proceso vinculado al acceso a la información pública llega a un estado de apelación, atendiendo al precedente del caso denominado Flores-Negri, que tuvo una sentencia favorable que quedó firme.

Indicó que ahora esperan que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial revoque la sentencia de la jueza Nilse Ortiz.

Fuente: Ultima Hora

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