Ex Intendente de Lambaré se burla de las personas y de la Justicia.

El desprestigio de la clase política se da porque algunos de sus exponentes actúan sin escrúpulo alguno, sobrepasan los límites de la razón, desafiando –con prepotencia y soberbia– las leyes que rigen en la República. El caso del ex intendente de Lambaré retrata la perversión de un sistema que ampara la impunidad.

Juan Martínez está acusado de apoderarse de manera ilícita de 32 mil millones de guaraníes provenientes del pago de impuestos en la Comuna lambareña. Su caso todavía está en los estrados judiciales.

Por otro lado, está incluido en la causa que investiga la pérdida de 1.000 millones de guaraníes a través de la supuesta colocación irregular de bonos por parte de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.

Aun estando procesado, el ex titular de la Municipalidad de Lambaré forma parte del nuevo Consejo de Administración de la Caja Municipal, severamente cuestionado por supuestas irregularidades en la reciente elección de autoridades.

La conducta del que aun con cuentas pendientes de esclarecimiento, por parte de la Justicia, se presenta como candidato a autoridad en una institución que maneja fondos públicos, revela su absoluta falta de respeto a las leyes y a las personas.

¿Con qué autoridad moral puede manejar el dinero de la Caja Municipal quien en dos instituciones está sindicado como responsable de apoderarse de dinero ajeno? Como mínimo, debió esperar el fallo de los jueces para saber a qué atenerse.

El caso de este político perteneciente al Partido Colorado refleja la forma en que se comportan muchos de los que, como él, deben responder ante las sospechas de que han malversado fondos que no les pertenecían para obtener un provecho personal.

Indica, igualmente, que los mecanismos de control internos no funcionan, por complicidad o por desidia de los encargados de implementarlos. Es inadmisible que sus mismos pares de la Caja Municipal lo vuelvan a tolerar como dirigente, máxime aun cuando ya en su momento –en la anterior administración– había sido suspendido en sus funciones hasta tanto se resuelva su caso en instancias tribunalicias.

Los políticos necesitan entender que cuando son depositarios de la confianza ciudadana, a través del voto, están moralmente obligados a cuidar de sus intereses. Para eso se les elige, no para que en la primera oportunidad se apoderen del patrimonio de la comunidad.

Mientras tanto, los fiscales y jueces tienen que tomar las medidas que correspondan para castigar cuanto antes a los responsables de defraudaciones. Si toleran chicanas y subterfugios para evitar las sanciones, ellos mismos son cómplices de los que delinquen a la vista de todos.
La ciudadanía está harta de los que deben estar en la cárcel y, sin embargo, gozan de impunidad, como si nunca hubieran transgredido norma alguna. Y, para colmo, continúan ubicándose en espacios en los que de nuevo podrían apoderarse de lo que no les pertenece.

Fuente: Editorial UltimaHora