Sospechosos fallos del juez Camé

El juez de Lambaré, Hugo Camé, quien a través de una maniobra está dando “una manito” al ex intendente Juan Martínez, tiene en su haber cuestionados fallos judiciales.

Una muestra es el sobreseimiento provisional que otorgó en octubre del año pasado, al ex intendente de San Antonio, Ricardo Rodríguez (periodo 1991-1996), imputado por estafa y producción de documento público de contenido falso. El mismo había vendido una propiedad de 10 hectáreas de la comuna como privada por supuesto “excedente”. En el caso también estuvieron implicados dos escribanos, su secretaria y su ex topógrafo, a quien supuestamente le vendió el inmueble por G. 1 millón, que luego fue vendido nuevamente pero nada menos que por G. 500 millones.

El más reciente caso es el de Felipe Nery Páez, contador de comisiones vecinales de Lambaré, también imputado, con antecedente por abuso sexual de niños, por el que estuvo preso. Camé le otorgó medidas pero su colega Isidoro Olazar las revocó luego y lo envió a la cárcel.

Además, el juez cuenta con el antecedente de regular honorarios de los abogados de la empresa Mcal. López (Línea 38) a una viuda. El caso fue por el “homicidio culposo” de Oscar Rojas en diciembre del 2004, quien fue atropellado por el chofer Augusto Aquino. Este fue no solo sobreseído por Camé sino que a través de un dictamen favorable, pretende que la esposa le pague los honorarios del juicio que ascienden a G. 54 millones y por el que está por perder su casa.

Juez Hugo Camé

Recientemente, el magistrado falló también a favor del ex intendente de Lambaré, Martínez, al hacer lugar a un pedido de prejudicialidad y rechazar la acusación por exacción (cobro irregular de impuestos), esto último supuestamente porque se violó su “derecho a la defensa”.

Para el juez de primera instancia, es el Tribunal de Cuentas el que debe definir en lo contencioso-administrativo si efectivamente hubo irregularidades en la gestión 2002-2006. De ser afirmativo esto, recién allí avanzaría el proceso penal llevado a cabo por el fiscal Arnaldo Giuzzio, quien apeló la decisión. El perjuicio detectado a la Comuna es de G. 2.600 millones.

Fuente: ABC Color